Regularización de viviendas turísticas en Andalucía

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La Junta de Andalucía ha aprobado recientemente el Decreto 28/2016 de 2 de febrero, que regula las viviendas con fines turísticos y el servicio de alojamiento turístico.

viviendas turisticasEsta norma define las viviendas con fines turísticos, a los inmuebles ubicados en Andalucía, en suelo de uso residencial y que se ofrecen con fines turísticos de forma habitual; es decir, que se comercializan en canales de oferta turística, como agencias de viajes, portales webs, intermediarios, etc. Esta normativa incorpora como novedad la especialidad de casas-cuevas.

Se excluyen de esta normativa las viviendas turísticas ubicadas en el medio rural y las que tienen tres o más viviendas turísticas en un radio de 1 km, las que se cedan sin contraprestación económica y las contratadas por un tiempo superior a dos meses por una misma persona.

La ocupación de las viviendas puede ser: completas, con un máximo de 15 plazas, o por habitaciones, con un máximo de 6 plazas.

La ley establece un año máximo desde su publicación para que las viviendas se adapten a la normativa. Los requisitos son:

  • Disponer de licencia de ocupación.
  • Estar amuebladas, dotadas de aparatos y enseres.
  • Disponer de elementos de refrigeración para el verano y de calefacción para el invierno.
  • Disponer de botiquín, hoja de quejas y reclamaciones, información turística, información de los aparatos electrónicos, de las normas de uso de la vivienda, etc.
  • Disponer de ventilación directa al exterior y sistema de oscurecimiento de las ventanas.
  • Limpieza de la vivienda a la entrada y salida de nuevos clientes.
  • Estar inscritos en el Registro de Turismo de Andalucía, indicando su código de inscripción en la publicidad de las viviendas.

Para la inscripción en el registro, el titular tiene que realizar una declaración responsable de la actividad, indicando sus datos personales y los de la vivienda, incluida la referencia catastral y licencia de ocupación.

El objetivo de esta normativa es establecer unos requisitos mínimos de calidad y confort equiparables a los del resto de alojamientos, con el fin de asegurar los derechos de los usuarios y evitar el fraude, el intrusismo, la clandestinidad y la competencia desleal.

También persigue garantizar la seguridad pública al obligar a los propietarios a llevar a cabo un registro documental e informativo sobre los viajeros que utilizan este hospedaje, así como de la entrega de un contrato que indique el número de registro, precio, horas de entrada y salida, teléfono de contacto y número de personas que se van a hospedar.

La ley busca el desarrollo sostenible mediante la protección de los recursos turísticos y su entorno.

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