El control previo de las acciones del CNI, un problema no resuelto

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La delgada línea que separa, en ocasiones, la actividad de los servicios de inteligencia de la legalidad ha sido siempre uno de los caballos de batalla tanto para quienes dedican su vida a servir a la sociedad desde esos puestos, como para quienes mantienen que no puede haber ninguna actividad, y menos si es ejercida desde el Estado, que quede fuera de la ley.

Las investigaciones orientadas a salvaguardar la seguridad de los ciudadanos, sobre todo las que se desarrollan para obtener información relevante para prevenir graves atentados terroristas o la infiltración de agentes extranjeros, lleva en numerosas ocasiones a estos servicios a desarrollar actividades que afectan a los derechos fundamentales a los que tienen derecho todos los ciudadanos.

En España, hasta que en 2002 se promulgó la Ley Orgánica 2/2002, reguladora del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), los agentes que desarrollaban dichas tareas al filo o en ocasiones sobrepasando el límite de lo legalmente establecido, se encontraban absoluta y totalmente desasistidos. Para algunos especialistas la regulación de sus actividades, antes de la promulgación de esa ley, era infralegal y su sometimiento al ordenamiento jurídico era laxo, lo que derivaba en una virtual alegalidad, como mantiene el letrado del Tribunal Supremo, Raúl Cancio Fernández.

CNI04Pero la Ley Orgánica 2/2002, en realidad, tampoco cubrió la posibilidad de que los agentes pudieran verse requeridos judicialmente por sus acciones de forma real y efectiva, por mucho que se haya querido otorgar a esta norma la categoría de reguladora del control previo judicial a las acciones del CNI que puedan afectar a la inviolabilidad del domicilio y al secreto de las comunicaciones, ambos derechos fundamentales recogidos en el artículo 18 de la Constitución Española.

Aunque es, efectivamente, un miembro del Tribunal Supremo quien debe autorizar las intervenciones de este tipo, previa justificación de cada una de ellas, en realidad tanto la solicitud como la resolución del magistrado están clasificadas como secretas, por lo que es imposible que ningún afectado pueda ni siquiera conocer los motivos por los que ha visto vulnerados sus derechos, ni tampoco recurrir, si lo considerara oportuno, dicha resolución judicial.

La dinámica de la actuación de este magistrado, que es designado por el Consejo General del Poder Judicial junto con un sustituto, se concreta en la recepción semanal de las peticiones de intervención remitidas por el director del CNI, teniendo que resolverlas en 72 horas si son peticiones normales o en 24 si se consideran de urgencia. La violación del domicilio no podrá ser autorizada por más de 24 horas, mientras la intervención de las comunicaciones se prevé en la norma que pueden ser autorizadas por un periodo máximo de tres meses. Ambos plazos son prorrogables “por sucesivos periodos iguales en caso de necesidad”.

La práctica de esa actuación judicial, y lo delicado de sus decisiones, ha llevado al magistrado titular a que sus autorizaciones o denegaciones se adopten de forma conjunta con el suplente, con lo que las decisiones han dejado de ser, en la práctica, unipersonales para pasar a ser adoptadas en forma de tribunal de dos miembros. Igualmente, esa decisión de analizar a dúo las solicitudes lleva a concluir que las mismas, en ocasiones, pueden no estar claras y que en más de una ocasión han merecido una resolución negativa por parte de los magistrados.

Pero siendo un problema procesal el secretismo que rodea todo el esquema de control judicial previo, en cuanto a la garantía de recurso del afectado, no lo es menos la situación en que quedaría un agente que, previa autorización del juez que prevé la Ley Orgánica 2/2002, fuera sorprendido llevando a cabo alguna de estas prácticas o identificado por cualquier medio. Si cualquier persona sospechosa de ser una amenaza para la Seguridad Nacional y que hubiera sido objeto de alguna de estas acciones, llegara a interponer una denuncia ante su juez natural, aportando las suficientes pruebas de ello, éste podría solicitar al denunciado o a sus superiores copia de dicha autorización judicial que, en teoría, debería cubrir y salvaguardar su acción. El problema real surgiría cuando el CNI comunicara al juez que le resulta imposible facilitarle dicha autorización dado su carácter de documento clasificado, siendo solamente el Consejo de Ministros el que tiene la potestad de levantar el secreto sobre dicha documentación. Si esta desclasificación es denegada, quizás al juez natural no le quedaría más remedio que procesar al agente, dado que carecería de prueba alguna que apoyara la autorización judicial que aduce en su defensa.

Pero es más, el Convenio Europeo de Derechos Humanos establece en su artículo 13 que toda persona que vea violadas sus libertades, tiene derecho a recurrir ante la jurisdicción de su país, incluso cuando dicha violación haya sido cometida por personas que actúan en el ejercicio de sus funciones públicas, es decir, sean funcionarios del Estado. Se abre aquí la posibilidad de que, una actuación como la reseñada más arriba, pudiera llegar a plantearse ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, dado que no se cumpliría con lo establecido en dicho Convenio, del que España es parte desde 1979.

TSupremo03Si bien es cierto que el mismo Convenio, en su artículo 8.2, prevé las excepciones en que una autoridad pública puede interferir en el derecho a la vida privada de un ciudadano, siempre que esté previsto por la ley y constituya una medida necesaria para el mantenimiento, por ejemplo, de la Seguridad Nacional; el artículo 13, como hemos visto, garantiza sin lugar a dudas el derecho a un recurso efectivo y, por lo tanto, a que el afectado pueda conocer lo necesario para llevarlo a cabo. La intención que llevó al legislador a aprobar la Ley Orgánica 2/2002, sin duda, fue la de cubrir las acciones de los agentes de inteligencia, proporcionándoles cobertura legal en cuanto tuvieran que traspasar la línea roja del respeto a los derechos y libertades fundamentales de cualquier ciudadano.

Sin embargo, aunque hasta el momento no se haya dado ningún caso en que el CNI se haya visto en la necesidad de tener que negar el acceso a dicha autorización, porque no se ha presentado ninguna denuncia en tal sentido, eso no significa que no pueda producirse en el futuro, con una serie de consecuencias que obligarían, sin duda, a idear alguna forma de acceso a dichos documentos. De todas formas, y con la legislación actual referida a los secretos oficiales, el acceso del juez natural a dicha autorización judicial es imposible, ni siquiera ‘in camera’, mientras continúe siendo considerada secreta.

El profesor Díaz Fernández, en su tesis doctoral sobre los servicios de inteligencia españoles, deja constancia que España “tenía importantes ejemplos”, y cita países como Canadá, Alemania, Holanda y otros, “para haber diseñado un mecanismo de control judicial previo de mayor calidad y con más garantías que el establecido”. El Consejo General del Poder Judicial, en su informe no vinculante previo a la aprobación de la Ley Orgánica 2/2002, puso una serie de objeciones que no fueron recogidas por el legislador, entre ellas el derecho del titular de las libertades vulneradas a conocer la actuación judicial y, por supuesto, a recurrirla. Pero es más, el ya citado Raúl Cancio Fernández, aludiendo a los sucesivos casos de denegación de la nacionalidad española en base a informes elaborados por el CNI, señala que el Supremo viene aplicando, desde 1997, una doctrina que: “(…) sin discutir la competencia del Ejecutivo a decidir si conceder o denegar la nacionalidad española solicitada, incluso tomando como fundamento para ello el informe que clasificado como «reservado» obraba en su poder, considera que la salvaguarda de los derechos fundamentales de los ciudadanos exige que el solicitante conozca esos motivos razonados de orden público o interés nacional, sin que ello suponga lesión alguna o se incurra en riesgo para la seguridad del Estado.”

No sería de extrañar que, si se diese el caso que antes hemos señalado, este mismo criterio fuera de aplicación a la autorización judicial para la vulneración de derechos fundamentales. La decisión adoptada por el legislador en 2002 de cara a poder argumentar que existe un control judicial previo de las acciones de los servicios de inteligencia, cuando menos, no ha resuelto todos los problemas.

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