La gestión del agua

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En España, más del 50% de la gestión del agua se encuentra en manos privadas. Los argumentos para estas privatizaciones son que la gestión privada es más eficiente e innovadora que la gestión pública, reduciendo el gasto municipal, además de generar ingresos a corto plazo a los ayuntamientos por el canon concesional de esta gestión privada.

Estas privatizaciones conllevan un aumento en la tarifa del precio del agua a los ciudadanos, sin mejorar el servicio.

Para las grandes empresas privadas es un negocio redondo, porque se le da una concesión entre 40 y 50 años, en un mercado sin competencia, donde el ciudadano es un rehén de estas compañías, teniendo asegurado el cobro de más del 95% de los recibos que emiten.

Estas empresas privadas imputan el canon, el coste del servicio y el porcentaje de beneficios que consideren oportunos a la tarifa del agua. En los contratos, las administraciones públicas suelen ceder el control de estos consorcios, no habiendo órganos reguladores del servicio, ni de la calidad de la gestión. Estas privatizaciones suelen llevar implícitos unos recortes y la precarización laboral, junto a una reducción en la inversión en mantenimiento y mejora de las infraestructuras.

El endeudamiento y la falta de liquidez de los ayun­tamientos, por la crisis económica, por el sector inmobiliario y por las cajas de ahorros, son unos de los motivos de la privatización de la gestión del agua.

2898518_nLa rentabilidad y la seguridad de este sector ha generado la entrada en el mismo de empresas francesas y grandes constructoras, con el respaldo de entidades financieras, por hacer falta mucho capital para entrar en este negocio.

Las grandes constructoras han entrado en la gestión del agua de las ciudades y en la modernización de los regadíos y la agricultura, porque el campo consume casi el 80% del total del agua. Es otro medio de controlar el agua, para poder especular con ella, y gestionarla como con el gas, la luz y la sanidad.

En España, este negocio es un oligopolio de grandes empresas, como son Agbar y Aqualia, que controlan casi el 80% del mercado. Suelen tener los precios acordados entres las compañías, siempre al alza, al igual que hacen las empresas petrolíferas con el precio en las gasolineras.

Tal es el problema, que las Naciones Unidas tienen establecido el 22 de marzo como el Día Mundial del Agua, e incluso el papa Francisco ha comentado que “es previsible que el control del agua por parte de grandes empresas mundiales se convierta en una de las principales fuentes de conflictos de este siglo”. Esta lucha por el agua está llegando a los tribunales, y buen ejemplo de esto es la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que declara ilegal la mayor privatización de un servicio público en Cataluña, la gestión de Aigües Ter Llobregat.

Mientras en España seguimos privatizando esta gestión por intereses económicos e ideológicos, las principales ciudades de Europa, como París y Berlín, y de los EE.UU, Atlanta e Indianápolis, han remunicipalizado sus servicios de agua. Hay que mencionar que algunos municipios de España -no las grandes ciudades- ya han remunicipalizado el servicio por la mala gestión privada del mismo. No es de razón que alcaldes o alcaldesas, que ejercen su función durante 4 años, dejen hipotecado a su municipio por la gestión de un recurso básico como el agua, por más de 40 años, sin el acuerdo de toda la ciudadanía.

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