Arranca la novedosa Ley Orgánica de Seguridad Nacional

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Que varios ministerios de un mismo Gobierno se coordinen y se pongan de acuerdo respecto a la redacción de un anteproyecto de ley que les afecta, no debería resultar difícil, al menos visto desde fuera. No parece que haya sido el caso del anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad Nacional (ALOSN). La comisión técnica formada en el seno del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) ha superado en un año el plazo que estableció la Estrategia de Seguridad Nacional (ESN) para su elaboración. Durante sus trabajos, incluso se llegó a pensar que el acuerdo resultaba casi imposible. Al final, los ministerios de Asuntos Exteriores, Defensa, Interior y Presidencia son quienes aparecen como proponentes del ALOSN que el Consejo de Ministros aprobó el 16 de enero pasado, después de que el 31 de octubre de 2014 obtuviera el visto bueno del CSN. A la espera del informe que debe emitir el Consejo de Estado y de las Comunidades Autónomas que están en estos momentos opinando respecto al texto, el siguiente paso será su remisión a las Cortes para su debate y aprobación. Por tanto, su camino en realidad acaba de comenzar.

Reunión del CSN el pasado 23 de enero. (Foto: Presidencia del Gobierno)
Reunión del CSN el pasado 23 de enero. (Foto: Presidencia del Gobierno)

La futura Ley Orgánica, cuando sea aprobada por las Cámaras, viene a despejar dudas respecto al sustento legal de la novedosa estructura creada alrededor del presidente del Gobierno. Y, también, a fortalecer a quienes trabajan en ella. Igualmente, en su espíritu late y en la Exposición de Motivos queda explicitado, un deseo de articular una efectiva coordinación entre ministerios y organismos implicados, tarea no siempre fácil dado el nivel de compartimentación en que se mueve gran parte de nuestra Administración y los ancestrales corporativismos que mantienen determinados cuerpos funcionariales, temerosos siempre de perder parcelas de poder o funciones directivas. La ESN queda reconocida en este anteproyecto como el marco político-estratégico “de referencia” de la Política de Seguridad Nacional del Gobierno (artículo 4). Podía haberse escrito de otra manera, pero difícilmente hubiera quedado más claro.

El concepto amplio de Seguridad que lleva años asentado en el mundo académico, no digamos en otros países de nuestro entorno, empezó a ser considerado en un documento estratégico de primer nivel en España en la Estrategia Española de Seguridad (EES) de 2011, de cuyo texto es heredera la actual ESN de 2013. Este mismo concepto amplio de Seguridad es el que destila el ALOSN. Por primera vez un texto legal define el concepto de Seguridad Nacional, aunque en realidad solamente convierte en legal la definición que aparecía en la ESN de 2013 y, por lo tanto, que el Gobierno ya había hecho suyo. La definición en cuestión, sin embargo, no es en su literalidad lo más destacado del texto. Resulta sustancialmente mejorable.

El anteproyecto también define los ámbitos transversales y los sectores de especial interés para la SN. Los primeros son aquellos entornos en los que se pueden manifestar riesgos y amenazas a la seguridad, que exceden las competencias de un solo Ministerio, como la Ciberseguridad, la Seguridad Económica y Financiera, la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, la Seguridad Marítima y la Seguridad del Espacio Aéreo y Ultraterrestre. Todos estos ámbitos, menos el último, los contemplaba ya la ESN. Respecto al que se ha introducido ahora, decir que el Ejército del Aire había manifestado en todos los ámbitos en que había podido, incluso públicos (Congreso de la Asociación de Diplomados Españoles en Seguridad y Defensa; Madrid, noviembre de 2014), su claro malestar por no haberse contemplado en la ESN de 2013 la relevancia de su zona natural de actuación y las amenazas que a través del espacio aéreo podían afectar a nuestra seguridad.

Lanzador 'Patrio' español de la batería desplegada en Adana (Turquía). (Foto:EMAD/MOP)
Lanzador ‘Patrio’ español de la batería desplegada en Adana (Turquía). (Foto:EMAD/MOP)

Respecto a los sectores de especial interés para la SN, los define el artículo 9 como los servicios y actividades estratégicas reguladas por una legislación propia, como el medioambiente, la sanidad, la energía, los transportes y las telecomunicaciones.

La gestión de crisis se integra en el Sistema de SN, según se recoge en el artículo 19. Otra novedad de esta norma es la introducción de dos nuevos supuestos durante los cuales el Gobierno activará la gestión de crisis: la Alteración de la Normalidad y la Situación de Interés para la Seguridad Nacional. En ninguno de los dos se contempla la supresión de derechos fundamentales y libertades públicas y se afrontarán con los medios ordinarios de las administraciones afectadas. El sistema de gestión de crisis servirá, igualmente, para la gestión de los estados de alarma y excepción, que se rigen por su propia normativa específica sin que este anteproyecto modifique en nada lo ya dispuesto.

El presidente del Gobierno será el responsable de declarar la Situación de Interés para la Seguridad Nacional y lo hará, según reza el artículo 21 del ALOSN, cuando se requiera la coordinación reforzada de las autoridades competentes en el desempeño de sus atribuciones ordinarias. Lo que en realidad hace este anteproyecto es cubrir lo que algunos especialistas definen como “un vacío” entre la normalidad y la declaración del estado de alarma. Sin llegar a esta última situación, se entiende que el sistema de gestión de crisis debería poder actuar y gestionar determinados supuestos considerados menos graves, sobre todo para prevenir y evitar que degeneren en otros de mayor alcance. Se trata de la gran novedad de este ALOSN.

Además de enumerar los principios básicos en los que se basa la Seguridad Nacional (SN), y que ya estaban enumerados de la misma manera en la ESN de 2013: unidad de acción, anticipación y prevención, eficiencia y sostenibilidad de los recursos y resiliencia, el artículo 8 enumera los “componentes fundamentales” de la SN, que en la ESN no aparecían citados de esta forma: la Defensa Nacional, la Seguridad Pública y la Acción Exterior. Dado que no les dedica a ninguno de estos tres componentes ni una línea más en todo el texto articulado, bien puede interpretarse que este artículo haya podido ser una concesión para calmar algunas suspicacias y conseguir el consenso necesario para su aprobación. Si esa cita no apareciera, teniendo en cuenta cual es la composición del CSN, nada cambiaría en el conjunto de la norma.

El ALOSN contempla la participación del sector privado y de la sociedad civil en la formulación y ejecución de la Política de SN, a la vez que se compromete a promover “una Cultura de Seguridad Nacional” para sensibilizar a la sociedad acerca de su contenido. La Disposición Adicional Tercera del anteproyecto está dedicada a la Comunicación Pública, señalando que el Sistema de SN deberá contar “con una política informativa para situaciones de crisis”, que coordinará el o la Portavoz del Gobierno.

Cuando se presentó en el Congreso de los Diputados el primer Informe Anual de Seguridad Nacional, se tuvo que improvisar un acomodo para dicho acto y se decidió que fuera la Comisión Constitucional quien conociera y debatiera dicho informe. El ALOSN se ocupa de esta cuestión y contempla la creación de una Comisión Mixta Congreso-Senado de Seguridad Nacional donde serán tratados todos los asuntos que tengan que ver con el Sistema de SN de ahora en adelante.

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